Por Maria Soledad Cuellar
En los últimos años, los conceptos de “Compliance”, “Programa de Compliance”, “normas de cumplimiento” han ganado gran notoriedad, y por lo general se los ha asociado exclusivamente a grandes empresas, multinacionales y corporaciones internacionales. Sin embargo, la situación actual demuestra que incluso, las pequeñas empresas (PyMEs) deben cumplir con una serie de reglas sectoriales y demostrar que mantienen un ecosistema de trabajo ético. Esto no solo les permite diferenciarse en un mercado competitivo, sino que también les ayuda a mitigar riesgos económicos, legales y reputacionales. La implementación de los mecanismos de cumplimiento se convierte en una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y la integridad de la compañía.
La aplicación de un programa de integridad es esencial para prevenir conductas ilícitas e indebidas, promover una cultura ética y garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa. Estos programas ayudan a prevenir fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos, protegiendo así la reputación y los intereses de la corporación.
Muchas veces, el diseño e implementación de un programa de integridad puede parecer inicialmente complejo y ajeno a la organización, incluso la necesidad de desarrollar políticas y procedimientos adicionales puede llevar a algunas empresas a pensar que un plan de integridad implica un aumento de la burocracia interna y gastos adicionales. Sin embargo, es posible hacerlo sin destinar grandes recursos a través de una evaluación de su situación, de modo de poder implementar los procesos necesarios según su estructura y riesgos de manera eficiente, y no debe ser un elemento o proceso aislado, sino que debe integrarse en los procesos y estructuras ya existentes.
Es por esto, que el mayor desafío para las PyMEs está en el análisis inicial y en el desarrollo de políticas y procedimientos que mejor se ajusten a su realidad. En muchas empresas, por lo general aquellas de menor tamaño, los procesos no están documentados y son transmitidos de colaborador a colaborador según su experiencia. En otras, existen procedimientos escritos que no son implementados o que son desconocidos para el personal. Es importante destacar que el cumplimiento del programa implica una responsabilidad compartida de todos los integrantes de la compañía, por lo que su implementación debe planearse de manera estratégica y global
Para que un programa tenga éxito, debe respetar algunos pilares cruciales que deben funcionar de la manera más vertical, integrada y armoniosa posible. Dichos pilares son:
- Compromiso y apoyo de la alta dirección de la compañía
- Órgano responsable;
- Análisis de perfil y riesgos;
- Estructuración de reglas e instrumentos;
- Estrategias de monitoreo continuo.
- Comunicación – Capacitación
Es decir, el directorio de la empresa debe participar directamente en la elaboración del programa; tiene haber un responsable que lleve a cabo la tarea; es necesario estudiar los riesgos de acuerdo con la estructura organizativa de la empresa; elaborar un código de ética y conducta acorde con la realidad organizacional; asegurar que el programa se aplique de manera continua y que todos los participantes de la empresa lo conozcan.
Siguiendo con el diseño y desarrollo de estos programas personalizados que se adaptan a las necesidades específicas de cada organización, considerando su estructura, industria y los riesgos a los que está expuesta, estos deben incluir el cumplimiento de diferentes regulaciones y lineamientos, tanto nacionales, como la Ley 27.401 de Argentina, como internacionales, como la FCPA, promoviendo una cultura ética en todas sus operaciones.
La Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas establece la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos en su nombre o beneficio. Un programa de integridad efectivo es una herramienta clave para cumplir con esta ley, ya que demuestra que la organización ha implementado medidas de prevención, detección y remediación de delitos.
En Argentina existe el Registro RITE (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades), que colabora con la implementación efectiva de la Ley 27.401, mejorando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado y facilitando la evaluación de los programas de integridad por parte de las oficinas públicas. Actualmente, varios organismos del Estado y empresas han incorporado al RITE como requisito para acreditar la existencia de los programas de integridad de sus proveedores, reforzando su compromiso con las políticas de integridad y transparencia en sus procesos de contratación.
En síntesis, los programas de integridad son una herramienta que trae beneficios a las empresas sin importar su envergadura. Bien implementados, permiten mejorar la eficiencia y rentabilidad, aumentar posibles inversiones y conseguir ventajas estratégicas. Para ello, es clave tener políticas y procedimientos escritos que no generen burocracia innecesaria, adaptados a los riesgos y necesidades de la empresa, que puedan ser percibidos como un valor agregado permitiendo abrir nuevas oportunidades de negocio y colaboración en un mercado cada vez más exigente y regulado.
