Segundo Carranza Torres está listo para acompañar a las empresas de tecnología en un nuevo desafío: la puesta a punto legal e impositiva de la flamante Ley de economía del conocimiento (Ley 27.506). La norma alcanzará a 10.500 empresas y a 180.000 empleados.
¿A qué empresas favorece la ley?
-Solo las empresas cuyo 70 por ciento de facturación dependa de las actividades promovidas podrán gozar de los beneficios legales que ofrece la ley. Se trata de una norma que abarca a los desarrolladores de aplicaciones y a las empresas que ofrecen Software as a Service (SAAS), tal como las que habían sido promovidas por la ley de software (la 25.922 y su modificación, la 26.692). La nueva ley se amplía a otras actividades que forman parte de la Industria del Conocimiento.
¿Qué cambia respecto de la Ley de software?
-Principalmente se debe destacar que con la nueva ley los beneficios impositivos se aplicarán a toda la facturación de la compañía o micro Pyme. Antes los beneficios sólo aplicaban a las actividades promovidas. A su vez, esta nueva ley es mucho más inclusiva en cuanto a las actividades beneficiadas.
¿Por qué una empresa debería aplicar a estos beneficios?
-La ley de economía del conocimiento permite a empresas que no desarrollan software, pero cuyos procesos están compuestos de conocimientos automatizados, aplicar a los beneficios. Se trata de una reducción sustancial de la alícuota del impuesto a las ganancias: la alícuota se reduce al 15%. También ofrece estabilidad fiscal: el Estado no podrá imponer nuevos gravámenes sobre la actividad. Y una reducción en las cargas patronales a pagar.
¿A qué industrias beneficiará la nueva ley?
-A la industria de la producción audiovisual, tanto de producción como de postproducción. También se incluye a la industria de la biotecnología, a la de servicios geológicos, a la de nanotecnología, a la industria aeroespacial y satelital, a la de robótica e Internet industrial. Además, a la industria que produce objetos cotidianos que tienen una interconexión digital con Internet (Internet de las cosas), y a las empresas que producen realidad aumentada y virtual, entre muchas otras que la propia ley establece. En cualquier caso, se deberá esperar a la reglamentación para obtener mayor claridad sobre los alcances de las actividades promovidas.
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