Economía del Conocimiento: ¿Conocés los detalles legales necesarios para acceder?

Te presentamos los puntos clave que toda empresa debe tener en cuenta y te explicamos cómo podemos acompañarte.

La Ley de Economía del Conocimiento, sancionada recientemente, es una pieza importante para apuntalar una industria que podría posicionarse como uno de los motores de la economía nacional. Continuadora de la Ley de Promoción de la Industria del Software, extiende el espíritu de aquella e incorpora facilidades para que las micropymes, antes con enormes dificultades de acceso, ahora tengan la oportunidad de sumarse.

El objetivo de la nueva normativa es otorgar beneficios fiscales y tributarios por un plazo de nueve años, en particular descuentos progresivos en el impuesto a las ganancias de acuerdo al tamaño de cada organización y la posibilidad de obtener un bono fiscal para el pago de otros tributos en virtud de los aportes patronales pagados por las compañías empleadoras. 

Las exportadoras, además, pueden obtener un certificado de no retención de IVA. En todos los casos, el Estado se compromete además a mantener los beneficios estables a lo largo del tiempo. No se trata de la única iniciativa en este sentido: en Córdoba entró en tratamiento legislativo una ley provincial con metas similares.

 

La importancia del acompañamiento legal

Para acceder a estas ventajas, las empresas del sector necesitan atravesar un trámite de aplicación tendiente a obtener una resolución que las inscriba como beneficiarias de la Ley. En principio, basta con cumplir dos de estos tres requisitos: acreditar inversión en investigación y desarrollo o en capacitación en alguno de los segmentos del conocimiento, certificación de procesos de calidad o exportaciones. En general, cualquier empresa creadora de software o desarrolladora de nuevas tecnologías destina la mayor parte de su actividad a I+D, pero la dificultad suele radicar en demostrarlo. 

Por eso, el acompañamiento legal profesional se posiciona como una pieza clave para garantizar que el esfuerzo se plasme en un resultado, ya que se ocupa de tareas que van desde recopilar y presentar la documentación -una labor muchas veces complejas para compañías que tienen recursos limitados y que necesitan dedicarlo al core de su actividad- hasta el análisis de viabilidad de una aplicación, pasando por un análisis jurídico y de interpretación de normas para evaluar si la empresa efectivamente encuadra en alguno de los segmentos promovidos, en especial en casos en los que asoman dudas. 

En una segunda instancia se sugieren -y posteriormente se implementan- caminos de mejora para garantizar el éxito en la aplicación. Es común que muchas organizaciones del sector, para aplicar finalmente, deban realizar alguna modificación interna, cambiar los modelos de contratos o de sus propuestas comerciales, reasignar recursos a otros proyectos, iniciar la certificación en alguna normativa de calidad internacional o hasta crear un spin off más acorde a lo que la normativa exige. El tercer paso es acompañar en la presentación propiamente dicha: verificar que se completen y se carguen en el sistema que se disponga para este fin los formularios como corresponde y validar todo el trámite de entrega de documentos.

Las empresas del sector no pueden quedar afuera de estos beneficios: pueden significar la diferencia entre perder mercado o mantenerse competitivas, entre sobrevivir a duras penas o crecer, entre anclarse en el pasado o caminar sobre suelo firme hacia el futuro.

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